La verdadera historia del conflicto armado en Colombia. Parte I: 1929-1948

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Autor: David Chávez Salazar

La verdadera historia del conflicto armado en Colombia. Parte I: 1929-1948

El conflicto armado entre el gobierno colombiano y las guerrillas marxistas es el segundo más antiguo del mundo, después del de Birmania, y el más violento que se haya vivido en el hemisferio occidental. Según cifras oficiales, desde su inicio (en 1964) ha dejado más de ocho millones de víctimas, entre muertos, desaparecidos, secuestrados y desplazados.

El análisis del conflicto se ha realizado desde distintas perspectivas, de las cuales destacan tres: 1. La teoría de las causas objetivas, 2. El discurso de la “amenaza terrorista” y 3. El enfoque de la “subversión totalitaria”.

Teoría de las causas objetivas 

Es la visión oficial del conflicto armado y afirma que éste es el resultado de tres factores: la situación de pobreza que históricamente ha vivido el campo – atribuida al “abandono estatal” –, los conflictos por la posesión de la tierra y la exclusión política. En ese contexto, aparecen las guerrillas como grupos rebeldes dispuestos a tomarse el poder con el fin de resolver dichas condiciones estructurales y establecer un reino de justicia social.

Los partidarios más radicales de esta teoría sugieren que el conflicto armado es una expresión de la “lucha de clases” entre campesinos y terratenientes. De ahí que la fórmula para una paz estable y duradera pase por la eliminación del sistema capitalista.

Esta visión, incluyendo su versión marxista, es un perfecto disparate. Según el economista estadounidense Alan Krueger es falso que la pobreza, u otras condiciones sociales desfavorables, sean las causas de la violencia política. De hecho, ningún líder guerrillero colombiano proviene de contextos marginales. Incluso, muchos de ellos se formaron en universidades de talla mundial. Por otro lado, gracias al lucrativo negocio del narcotráfico, han podido amasar enormes fortunas que los ubican en la lista de los hombres más ricos del mundo. Los que sí poseen orígenes modestos son los guerrilleros rasos. Sin embargo, sólo una pequeña minoría se enlistó por motivos ideológicos, la mayoría fueron reclutados a la fuerza.

El discurso de la “amenaza terrorista”

Este discurso – más que una teoría propiamente dicha – fue la visión oficial durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y postula que los grupos guerrilleros no son más que simples bandas terroristas sin ningún contenido ideológico, que amenazan la estabilidad del Estado democrático y “legítimamente constituido”.

Esta visión niega la existencia del conflicto armado interno. Desde su perspectiva, si se habla de conflicto se estaría concediendo a la guerrilla la condición de “parte combatiente”, con lo cual quedaría legitimado su uso de la fuerza. Supuestamente, él único que tiene el monopolio sobre la misma es el Estado a través de las fuerzas armadas. Los partidarios de la amenaza terrorista afirman que los militares colombianos siempre han protegido la vida y propiedad de los ciudadanos y que sus ataques siempre se han dirigido hacia los terroristas.

El discurso tiene varios problemas. El más importante de ellos es que lanza por la borda la definición de “conflicto armado” que establece el Derecho Internacional Humanitario (ver nota 1). Al revisarlo vemos que, efectivamente, la guerrilla y el ejército son partes combatientes. Lo que interesa aquí no es la legitimidad de los actores sino la intensidad del enfrentamiento y la capacidad militar de cada uno. Si vamos a plantear el debate en términos de legitimidad, entonces, es evidente que ni la guerrilla ni las fuerzas armadas de Colombia poseen tal atributo.

Que el Estado nos representa y que debemos respaldar a las fuerzas militares por ser guardianes de nuestra vida, honra y propiedad son puras falacias. El filósofo estadounidense Michael Huemmer demuestra que la autoridad política es una ilusión porque está basada en el concepto imaginario del contrato social. ¿Quién lo ha firmado? ¡Nadie! Ergo, no tenemos ninguna obligación de apoyar u obedecer al Estado. Por otra parte, debido a que éste se arroga el monopolio sobre la fuerza, es inevitable que la use en contra de sus presuntos defendidos. En ningún caso, el individuo se mantendrá a salvo en sus manos.

La identificación de la población con el Estado es un rasgo de la era democrática moderna. Ludwig von Mises y Hans Hermann Hoppe señalan que en épocas pretéritas cuando un Estado entraba en guerra se valía de ejércitos privados para su defensa. En ningún momento involucraba a la población civil, excepto cuando se presentaban daños colaterales inevitables. En la actualidad, las guerras del Estado son también las nuestras. La distinción entre población combatiente y no combatiente desapareció. Todos los ciudadanos son combatientes potenciales, enfrentados a un enemigo común en nombre de los más altos y sagrados intereses del Estado.

En el mundo de la amenaza terrorista lo correcto es defender al Estado. Su lucha contra la guerrilla es la de todos los colombianos. De esa manera, la sociedad queda alineada bajo un solo objetivo nacional: la derrota del terrorismo. Quien se declare neutral es tildado de antipatriota.

Cabe destacar que la guerrilla tampoco ha respetado a la población no combatiente. En lugar de restringir su combate con las fuerzas del Estado, ataca indiscriminadamente a los civiles. Son bien conocidas sus continuas violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Enfoque de la “subversión totalitaria” 

Según esta visión, en Colombia se vive una guerra irregular entre dos ideologías: la comunista, representada por las guerrillas, los partidos comunistas, algunos sindicatos y medios de comunicación; y la liberal-democrática, representada por el gobierno y sus fuerzas armadas, los gremios económicos y algunos partidos políticos.

Estudiosos del fenómeno de la violencia en Colombia como Eduardo Mackenzie y Diana Duque Gómez, han demostrado, con suficientes evidencias históricas, que las guerrillas no surgieron como expresión espontánea de los pobres y excluidos sino que son el resultado de la estrategia de “combinación de todas las formas de lucha” impulsada por el Partido Comunista Colombiano (PCC) para la toma del poder. A su vez, esta organización fue implantada por agentes de la extinta Unión Soviética.

A diferencia de la teoría anterior, en ésta sí se reconoce la motivación ideológica de las guerrillas. No obstante, aún persiste la falsa idea de que el Estado nos representa y que debemos apoyarle en su cruzada anti-comunista.

A modo de resumen, podemos ver que los tres enfoques tienen como punto en común el estatismo. El enfoque oficial reclama la expansión del poder estatal para atender las supuestas causas sociales que originaron el conflicto. Por su parte, la “amenaza terrorista” y la “subversión totalitaria” consideran que sociedad civil y Estado conforman un solo cuerpo. Por ende, corresponde respaldar su lucha contra los grupos terroristas/comunistas tanto en el plano simbólico (aceptación de la autoridad política y alineación con los objetivos nacionales) como en el material (pago de impuestos y conscripción).

Es necesario pensar el conflicto colombiano desde una perspectiva libertaria. No es un conflicto entre clases ni entre ideologías, es un conflicto entre el Poder y la Libertad.

En el bando del Poder combate el máximo violador del principio de no agresión: el Estado – en el conflicto colombiano han intervenido varios –, quien a su vez ha contribuido a la creación y fortalecimiento de las guerrillas. De tal suerte que Estado y subversión conforman una unión indisociable, son dos caras de la misma moneda.

La visión libertaria del conflicto rescata la evidencia histórica suministrada por los teóricos de la subversión totalitaria y la interpreta como el uso del poder del Estado/ subversión en contra de la libertad de los individuos.

Poder y Libertad en el campo de batalla

Si bien el conflicto armado comenzó formalmente en 1964, sus antecedentes pueden rastrearse hasta la década de los veinte. Los más importantes son los siguientes:

Fundación del Partido Comunista Colombiano. En la década de los veinte, la Internacional Comunista incrementó su presencia en América Latina. En 1929 envió una delegación a Colombia con el propósito de liquidar a los pequeños partidos socialistas que por entonces pululaban en el país, la mayoría de ellos críticos del modelo estalinista, y establecer un partido comunista al servicio de Kremlin. Esta acción se concretó en 1930.

En 1935, Stalin comienza a prestar mayor atención a América Latina, pues prevé que la Unión Soviética entrará, tarde o temprano, en conflicto con Estados Unidos. Por lo tanto, ordena a los partidos comunistas de la región, a través de los agentes de la Internacional Comunista, que organicen bandas armadas para la toma del poder. El Partido Comunista Colombia acata la instrucción y pasa a la clandestinidad.

De ese modo, el Poder del Estado soviético le declara la guerra a la Libertad de los colombianos.

Violencia de los años cuarenta

Durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin decide combatir junto a las potencias capitalistas. La nueva orientación para los comunistas alrededor del mundo es la derrotar al fascismo aliándose con los “partidos burgueses”.

El Partido Comunista Colombiano fue el partido más sumiso que tuvo el Kremlin en todo el mundo. Incluso, podría decirse que actuó como una extensión del Estado soviético en suelo americano. Siguiendo la instrucción de Stalin, los comunistas colombianos se infiltraron en todos los partidos políticos de la época y en la Iglesia Católica, una de las instituciones más poderosas del país.

Terminada la guerra, el Partido Comunista emplea la violencia callejera como forma de lucha. En varias ciudades de Colombia se llevan a cabo acciones de pillaje, atentados contra la infraestructura y otros incidentes extraños, milimétricamente planificados. Uno de los grandes beneficiarios de estas acciones fue el Estado colombiano, quien vio la oportunidad de expandir su propio poder fortaleciendo el gasto en defensa.

Éste es el primer ataque del Poder, representando en los Estados soviético y colombiano, a la Libertad de los ciudadanos. Solo el tiempo diría quién ganó la partida.

El “Bogotazo”

En 1947, el presidente estadounidense Harry Truman presenta al Congreso la célebre doctrina de política exterior, abiertamente anticomunista,  que lleva su nombre. Se cumple así la premonición que Stalin tuviera en 1935 y el mundo se embarca oficialmente en la Guerra Fría. El tirano crea la Kominform (Oficina de Información de Partidos Comunistas y Obreros) para responder a la agresión norteamericana.

En abril de 1948, se convoca la IX Conferencia Panamericana, en Bogotá, con el fin de profundizar el sentimiento anticomunista de los países latinoamericanos a partir de su adhesión a la doctrina Truman. El invitado de honor fue el famoso General Marshall, enemigo declarado de Stalin.

El Kremlin diseñó un plan para sabotear la Conferencia, el cual consistió en el asesinato del dirigente político colombiano Jorge Eliécer Gaitán, un personaje cuyo pensamiento mezclaba trazas de fascismo, peronismo y marxismo (para complicar las cosas, él se autodenominaba como “Liberal-Socialista”). Los comunistas lo odiaban porque les había quitado buena parte de su clientela política. Era tal el fervor que despertaba entre la muchedumbre que se ganó el apodo de “caudillo del pueblo”.

El 9 de abril de 1948 los comunistas asesinaron a Gaitán. Como era de esperarse, este suceso causó enorme conmoción en el país, que fue aprovechada para sembrar el caos. Valiéndose de sus conocimientos de violencia callejera los agentes de Moscú organizaron a la población en distintas ciudades del país para cometer toda clase de desmanes: asaltaron comercios, hurtaron armas, incendiaron buses y edificios, ocuparon estaciones radiales para difundir noticias falsas, asesinaron sacerdotes, profanaron templos e intentaron asaltar el palacio presidencial.

La ciudad más afectada por la violencia soviética fue Bogotá, epicentro de la Conferencia Panamericana, que quedó casi en ruinas. Por esa razón, los sucesos del 9 de abril se conocen con el nombre de “El Bogotazo”.

Nuevamente, el gobierno se valió del desorden generado para incrementar su poder. A raíz de los sucesos, el presidente de la época, Mariano Ospina Pérez, declaró el estado de sitio a nivel nacional, que le permitió adquirir poderes especiales como la censura sobre la prensa y la disolución del Congreso. Debido a que Gaitán era opositor suyo, la gente lo culpó del asesinato. A nadie se le ocurrió incriminar a Moscú. Hasta el día, la historia oficial no reconoce su responsabilidad en los hechos.

Finalmente, la violencia se detuvo por la acción de ejércitos privados y grupos paramilitares. Gracias a ellos, Bogotá se salvó de la destrucción total. Sin sospecharlo, esta ciudad se había convertido en el primer campo de batalla de la Guerra Fría.

Con la situación normalizada, la Conferencia Panamericana retomó sus actividades ejecutando exitosamente la totalidad de su programa. La conspiración del Estado soviético fracasó, aunque ese no sería el fin de sus ambiciones.

Para el Kremlin apoderarse de Colombia constituía un objetivo de primer nivel, pues su posición geoestratégica le permitía dos cosas: por un lado, frenar la influencia de Estados Unidos en América Latina y por el otro, adueñarse de la gran cantidad de recursos naturales que posee el país, principalmente, petróleo, oro y plomo.

Los agentes del Estado soviético repiten la estrategia del 9 de abril en diferentes lugares del continente. El 13 de abril, en Costa Rica, provocan desórdenes en las ciudades de Limón y Cartago. Lo mismo ocurre en ciudades de Perú, Panamá, Bolivia, Chile y Uruguay. Sin embargo, en ningún caso se presentó el mismo nivel de destrucción que el vivido en Colombia.

¿Cómo queda el balance de fuerzas? La ambición del Estado soviético sembró la semilla del conflicto armado, intentó desestabilizar a Colombia para mostrarle fuerza a Washington. El Estado colombiano también hizo de las suyas, aprovechando la confusión para reafirmar la frívola idea de autoridad política. A pesar de todo ello, la Libertad resistió la embestida del Poder. Ganó, por ahora.


Notas:

[1] El Derecho Internacional Humanitario establece se debe hablar de “conflicto armado interno” o “conflicto armado no internacional” cuando se presentan enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas armadas gubernamentales y fuerzas de uno o más grupos armados en cualquier territorio bajo jurisdicción de determinado Estado. Así mismo, dicho enfrentamiento debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad, para diferenciarse de otras formas de violencia como los disturbios o los motines, y las partes combatientes deben poseer una capacidad militar mínima: estructura básica de mando, presencia en el territorio y realización de acciones armadas de manera sostenida.

Según el proyecto COW (Correlates of War), además de los criterios del Derecho Internacional Humanitario, para que se hable de conflicto armado interno deben existir al menos mil muertos relacionados con los combates entre el Estado y otras fuerzas organizadas, de los cuales, el 5%, como mínimo, ha de ser ocasionado por el actor armado más débil.  


Publicado originalmente en eslibertad.

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